Suspense

Por una vez, gracias al Diario, nuestra frágil memoria (rasgo característico del oscense) es despertada al recuerdo de que seguimos pendientes de saber qué pasará con los multicines, después de la sentencia que los declaró ilegales.

Hace ya muchos meses que hablamos reiteradamente del asunto aquí y con abundantes comentarios que trataron de poner algo de luz.

Finalmente, frente a quienes abogaban por un derribo sin más o por untar con euros a cascoporro a los vecinos litigantes y victoriosos ante los tribunales, la postura más común fue defender que a través del diálogo se alcanzara un acuerdo que, manteniendo esa instalación, restituyera al barrio por la zona verde perdida, resolviera el caos de tráfico, e incluso compensara razonablemente a los propios ciudadanos que denunciaron.

No ha habido tal. El Ayuntamiento optó por lo siguiente: "la sentencia al anular el estudio de detalle no tiene ninguna consecuencia práctica o dicho de otro modo puede entenderse como ejecutada" ya que "el edificio objeto del pleito, tanto en su parte física como en el uso a que está destinado, así como los aparcamientos realizados en la parcela exterior, quedan en situación legal respecto al PGOU de 2003". Y eso ha dicho al juez.

Por su parte, los vecinos ejercen su derecho a mantener la razón que les han dado y ahora será cosa de los tribunales tomar la decisión final.

Una película de suspense, con dos moralejas, al menos.

- La Justicia, cuando tarda una década (el asunto viene de 1998 o antes aún), ya no es ni Justicia, ni es justa, ni es nada.

- Ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes no es la actitud que queremos de nuestras instituciones. Para este tema, empecinarse en sostenella sin buscar realmente la alternativa de un entendimiento que satisfaga a todos, es una muestra evidente. Además, aunque finalmente el Ayuntamiento se saliera con la suya, apostar únicamente por esta legalización a posteriori de un desmán ya no deja en no muy buen lugar a la defensa rigurosa del interés público que se le supone a la administración. Si, para más INRI se realiza sin solucionar el conflicto con los afectados, es un absurdo. No somos los directos perjudicados por una irregularidad como ésta pero podríamos ser los siguientes en vernos forzados a pleitear durante una década, padecer los daños (según nuestro criterio) durante todo ese tiempo o para siempre y vernos ninguneados pese a ganar el juicio.

Además, en este caso, puede conducir a un desastre. ¿Y si se ejecuta la demolición? ¿Cuánto nos costaría?

La suma de despropósitos altera el producto, pase lo que pase y ojalá que no haya piqueta finalmente.