¡Vivienda!

Toco uno de nuestros temas favoritos y con razón, por la cantidad de afectados y por los quebraderos de cabeza que les produce.

Que la vivienda es un derecho, ya lo sabíamos y lo dice la Constitución.

Ahora, en Andalucía han decidido poner en una ley, la obligación de la administración a garantizar ese derecho. En fin, está bien aunque un servidor, en su ingenuidad, pensaba que no hacía falta porque se supone que la Constitución está para respetarla… Claro que también el trabajo es un derecho y acabamos de colocarnos a la cabeza del incremento del desempleo gracias a Mildred.

En fin, hasta ahí nada nuevo o realmente significativo, creo, en un anteproyecto de ley andaluza que ha hecho deducir a más de uno que al Sur de Despeñaperros iban a regalar los pisos.

Nada de eso. Sencilla y llanamente han decidido que se construya viviendas protegidas (en alquiler o propiedad) en número suficiente para atender a todas las personas que lo demandan bajo los requisitos de ingresos máximos para ver reconocido ese derecho, de forma que -con un simple cálculo: tanto ganas, tanto vale tu nueva casa VPO, tanto pagas- no les supongan un esfuerzo económico insufrible

O sea, nada que un buen plan de vivienda no pudiera incluir.

Quizá la diferencia precisamente está en eso: en la planificación de medidas que la ley incluye con intención de cumplirla (y evitar que los ciudadanos lleven a la Junta de Andalucía ante los tribunales, supongo).

Entre esas medidas, ya han cuantificado los objetivos: levantar 700.000 viviendas en diez años de las que 300.000 serían protegidas. El doble de las perspectivas actuales. Olé.

Para esto, por ejemplo, obligarán a que cada ayuntamiento (¿autonomía local?) haga un estudio de demanda (¿más estudios?) y reserve un 30% del suelo para vivienda de protección (que es un tanto por ciento ya señalado en la nueva Ley estatal del Suelo).

Para esto, otro ejemplo, pretenden alcanzar un pacto por la vivienda implicando a promotores y entidades de ahorro o bancarias. Ahí está la madre del cordero. La broma de hacer esa cantidad de viviendas debe contar con actores que no se dejarán escribir el guión, ni permitirán que se les atornille con los dineros, aunque vengan las vacas flacas en el sector. Y además esto mismo: si se para la locura inmobiliaria que debe garantizar las suficientes viviendas libres para incorporar de paso ese porcentaje de protegidas en cada promoción ¿qué harán? ¿todo promociones públicas?

Dice el presidente andaluz que le salen las cuentas. ¿Y a las demás partes? El sabrá.

A mí me parece que van a dejarse pelos en la gatera de la credibilidad porque difícilmente alcanzarán el horizonte hacia el que quieren caminar (y que como todos los horizontes, cuando te acercas, se aleja).

Sin embargo, seguro que consiguen incrementar el ritmo de construcción de viviendas protegidas. Y será un éxito cada persona/familia que obtenga su piso y que sin esta ley, quizá no lo hubiera tenido.

O sea, no nos los creemos todo, pero tenemos fe. Y sólo se avanza caminando.

Mientras, en Aragón o en Huesca, no hay nadie (¿la DGA?) dispuesto a arriesgarse realmente como hace el gobierno andaluz para enfrentarse a este problema, uno de los más graves que padece nuestra sociedad. Y si se enfría la burbuja, peor aún.

(Luis trata del mismo tema con otro enfoque también pegado a la actualidad)