Se está diciendo una cantidad ingente de insensateces acerca de la manera de castigar al empleado del Ayuntamiento que cultivaba marihuana en las naves municipales, aprovechándose de sus medios, lugar y puesto de trabajo y quizá de su tiempo de trabajo y tal vez de otros factores.
Supongo que ya sabes de qué va.
El Ayuntamiento denunció al empleado ante la policía y se inició el correspondiente procedimiento ante los tribunales que ha quedado en nada, porque según el fiscal se trataba de una cantidad de hierba insuficiente para traficar, por lo que debía tratarse de brotes verdes para consumo propio.
Me deja perplejo pero aplico la prudencia (en vez de la insensatez) porque no soy letrado, ni me sé el código penal. Todo queda más claro después de leer este párrafo de un
reportaje de El País sobre el cultivo doméstico de marihuana:
El problema del cultivo es que, en sus distintas fases, el hilo que separa la ilegalidad de la legalidad es muy fino. Las semillas son legales; pero las plantas, no, y aun así, no es lo mismo si la planta ha florecido y tiene cogollos -es decir, la substancia denominada THC, que está calificada como droga- o no. En cualquier caso, "una simple hoja es ilegal", explica Jaume Torrens, abogado de la ARSEC (Asociación Ramón Santos de Estudios del Cannabis), "pero no es delito. (…) Lo que constituye objeto de delito es el tráfico, pero es muy difícil demostrar que una persona planta para vender".
O sea, si lo hubieran pillado semanas más tarde…
El motivo de la bronca política es que el Ayuntamiento no haya hecho nada para conseguir que su empleado fuera castigado penalmente por la Justicia, en una decisión tomada personalmente por el Alcalde. ¿Debía haber tratado de mantener abierto ese procedimiento? No lo sé. A bote pronto, pienso que sí pero no lo sé. ¿Por qué no lo hizo? No lo sé, aunque si añadimos unas peculiares declaraciones de Elboj sobre la segunda oportunidad que debe concederse a toda persona, deducimos una benevolencia que casi nadie comparte: la mayoría opina que debería caerle un palo adecuado al funcionario. ¿Favoritismo? Si se dan las mismas circunstancias en otro caso, podremos averiguarlo.
Y con esas declaraciones, surge la duda: ahora el Ayuntamiento debe continuar con el expediente abierto para determinar posibles sanciones laborales, pero ¿será también benévolo? De acuerdo con la legalidad y sin empeños ejemplarizantes, creo que no tendría justificación saldar la cuestión con una reprimenda y poco más.
La credibilidad institucional está en el alero ya que lo sucedido en las naves es grave, aunque por otro lado, no supone un aval para la bronca montada por algunos concejales aficionados a la política que juegan a jueces y manejan el lenguaje y los conceptos con ignorancia, atrevimiento e irresponsabilidad porque pugnan por desgastar a Elboj, aunque de paso perjudiquen alegre y gravemente el futuro y la vida de alguien que todavía es un presunto infractor y no es el único posible culpable por acción u omisión.
Dicho esto, Elboj de nuevo ha vuelto a equivocarse, a actuar con personalismo, a errar con sus palabras hacia el obligado respeto (interfiriendo en un expediente administrativo aún inconcluso) y a confirmar que se considera a sí mismo por encima de los demás, de las razones, de la realidad, poseedor único de la verdad y del bien. Nada nuevo, aunque resulta más llamativo en este caso, porque a los oscenses nos interesan y ocupan más ese tipo de asuntos que otros realmente de mucha mayor importancia para cada uno y para todos.
Se acaba de conocer que los terrenos que están ocupados por unas decenas de plazas de aparcamiento delante del hospital San Jorge, por los que supuestamente la Tesorería de la Seguridad Social pidió un pastón y cuyo precio impidió al Ayuntamiento construir un doble carril en ese tramo de salida de la rotonda al tiempo que se arreglaba toda esa parte de la avenida Martínez de Velasco... no son de la Tesorería de la Seguridad Social (según dice la prensa).
Entradas
